Y por fin llegó el día…

Ayer se celebró la jornada sobre reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en el CEJ. Todo transcurrió según deben ser estas cosas: los ministros López-Aguilar y Calvo estuvieron un buen rato escuchándose a sí mismos, y se fueron de tiempo. Resultado: las demás ponencias comenzaron acumular cuarenta minutos de retraso ya desde el comienzo.

A la vera de los ministros, representantes de entidades como Promusicae y EGEDA. Es curioso, en unas jornadas sobre los derechos de autor, no había ni uno sólo allí. Y ya puestos, tampoco había nadie representando a los destinatarios de la obra, los lectores, público, audiencia, como quieran llamarlo. Pero de las valoraciones ya me ocuparé más extensamente en otro post. Esto va a ser exclusivamente un resumen cronológico de la jornada.

Después de una soporífera intervención de políticos y jetas de diversa catadura, pasamos a la primera ponencia: la protección de los derechos de autor en la jurisdicción civil. Dado que la intervención de la fiscalía es inexistente en estas cuestiones, y visto que el contenido de la ponencia ni me iba ni me venía, me ausenté para reponer fuerzas con un buen café.

Después del break, me sumergí en lo que yo esperaba segunda y tercera ponencia del día: “Principales modificaciones introducidas por la nueva Ley de Propiedad Intelectual” y “DRM: ventajas e inconvenientes”. Y digo esperaba, porque al final ambas ponencias se refundieron en una, curiosamente. El mismo profesor universitario encargado de analizar los cambios legislativos, era el que iba a vendernos las bondades de los DRM. Aquello apestaba a parcialidad. Allí fue donde centré mis intervenciones.

En la primera ponencia, interrogué al profesor Garrote sobre la impepinable paradoja de la ley: por un lado, se dice que la comunicación de contenidos a través de P2P es un ilícito civil, que puede dar origen a responsabilidades en vía judicial. Por otro lado, ya se está obteniendo indemnización por dichos supuestos ilícitos, a través del famoso canon. Le expuse que, en mi opinión, no se puede estar en misa y repicando. O se va al modelo yanqui, con la aberración que supone (niños demandados por descargar música, extorsión en forma de “cease and desist”), o se mantiene el canon, aunque eso sí, dejando ya de dar el coñazo a los usuarios con supuestas ilegalidades. Y desde luego, aplicándolo exclusivamente a la copia privada de contenidos sujetos a propiedad intelectual: nada de que el CGPJ pague canon por los CD-ROM en que se guardan las sentencias, o los DVD en que se graban los juicios. Pero mantener ambos modelos supone un abuso, una doble remuneración por un mismo concepto, y una auténtica estafa para los consumidores. El tipo se escabulló como pudo, sin llegar a responder a mi pregunta.

En la segunda ponencia, que apenas se llegó a desarrollar, le comenté que el DRM no era la maravilla inocua que nos estaban vendiendo (la presentación venía patrocinada por Warner Bros., no les digo más). Le saqué a colación casos bochornosos como el del famoso “rootkit” de Sony. Resulta que ahora es ilegal remover o eludir las protecciones que los fabricantes incluyen en sus productos, impidiendo el derecho de copia privada, y la ley otorga a los usuarios y consumidores una opción para acudir a la jurisdicción civil, reclamando la efectividad de dicho derecho. Curiosamente, no se establece procedimiento alguno para acceder a los tribunales con dicha reclamación, lo que me parece una opción por las “reclamaciones al maestro armero”. Nuevamente, fue incapaz de responder coherentemente. De hecho, cuando le mencioné la posibilidad de pedir responsabilidades a la industria por casos como el de Sony, demostró que ni siquiera sabía de que le estaba hablando. En cualquier caso, mucho peor lo pasó cuando un fiscal en ejercicio (no un simple novato en prácticas como yo) le preguntó sobre si el uso de los DRM no podía suponer un delito de coacciones, al impedir el legítimo ejercicio de un derecho por los usuarios.

Por la tarde, la cosa fue a peor. Lo primero fue una conferencia del televisivo Eduardo Torres-Dulce, Fiscal ante el Tribunal Constitucional, y uno de los contertulios de Jose Luis Garci en “¡Que grande es el cine!”. Nada que objetar, se limitó a recalcar lo que, a estas alturas, ya todos sabemos: el intercambio de archivos a través de sistemas Peer To Peer NO ES DELITO, sin perjuicio de que pueda constituir ilícito civil. La puñeta vino en la última ponencia, la mesa redonda sobre piratería en Internet. Para empezar, se ausentó el representante de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, con lo cual el tipo de Promusicae y el de CEDRO (que también vino en representación de las demás entidades de gestión, como la SGAM, para que luego digan que no hay prácticas colusorias) se quedaron sin nadie que les diera la réplica.

Y digo puñeta porque, después de soltarnos su rollo durante un rato largo, cuando me preparaba para levantar la mano y sacudirles, se me adelantó otro fiscal de los mayores. Este compañero se tiró tres cuartos de hora de reloj con una disertación teórica sobre la vis protectora de la ley, el bien jurídico y la madre que los parió. Esto provoco dos cosas: en primer lugar, consumió el tiempo a todos los demás; en segundo lugar, produjo una fuga en masa del escaso público restante. Con lo cual, para cuando pude haber intervenido, eran pasadas las ocho de la tarde (y habíamos empezado a las nueve y media de la mañana) y quedaban cuatro gatos en el auditorio.

En fin, al menos dejé oir una voz discordante en una jornada de unanimidades y, sobre todo, de un nivel alarmante de desconocimiento de la cuestión por parte de los asistentes. Pero las valoraciones más personales las dejo para la próxima entrada.

Por cierto, los informáticos de esta santa casa han grabado todas las intervenciones en vídeo, así que es posible que pueda colgar mis preguntas y las respuestas en YouTube. Permanezcan en sintonía.